El desmantelamiento

Laura Itzel Castillo

Lunes 3 de agosto de 2009

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Nuestro país vive un proceso acelerado de urbanización. Este hecho genera problemas de diversa índole, pero lo más grave es que se nos han conculcado los derechos reconocidos por la Constitución en la materia, a partir de lineamientos dictados por organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

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En 1900, el 80% de la población mexicana vivía en el medio rural. Un siglo después, de los más de 100 millones de habitantes, 61% de la población habita en ciudades, mientras que el 39 % se ubica en zonas rurales. Al ser la vivienda el principal detonador de los procesos de urbanización, es determinante en la definición de los patrones y tendencias del crecimiento de las ciudades, pues al menos el 60% de la superficie urbana del país se destina a esos usos.

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Se puede decir que el antecedente de la política en materia de vivienda donde el Estado asume la responsabilidad de promoverla y financiarla para sectores de menores recursos, se ubica realmente en la década de los años 40. Se decreta entonces el congelamiento de las rentas como medida emergente para atenuar los efectos económicos derivados de la Segunda Guerra Mundial y tratar de frenar la especulación inmobiliaria.

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Es en la década de los 90 cuando el Estado cambia su papel de promotor a facilitador. Así, el desempeño del sector vivienda obedece fundamentalmente a las fuerzas del mercado, que se rigen mediante la ley de la oferta y la demanda, en lugar de destinar los recursos públicos para atender el déficit habitacional, que se calcula actualmente en 12 millones de viviendas.

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México ha suscrito acuerdos internacionales con la finalidad de mejorar y ampliar la cobertura de atención a la población que más lo necesita. Destaca el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales donde se compromete a “incrementar el monto de los recursos federales destinados al apoyo de la adquisición y mejoramiento de la vivienda, ampliando su cobertura social” e “impulsar que los subsidios sean homogéneos, diseñados en función de las características socioeconómicas del beneficiario y se vinculen a programas de ahorro”. En la actualidad estos subsidios van directo a manos de las empresas y sólo sirven de “enganche”, en la mayoría de las veces, para un crédito impagable.