La Jornada, jueves 20 de agosto de 2009
Proyecto de resolución elaborado por el ministro Salvador Aguirre respalda la medida.
Debate la Suprema Corte la constitucionalidad de la venta de créditos de Infonavit a trasnacionales.
Ante la división de criterios se aplaza el fallo para la semana próxima, para concluir la discusión.
Integrantes del Consejo de Defensa de la Vivienda realizaron ayer un mitin afuera de las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contra el intento de declarar legal la venta de créditos vencidos del Infonavit a empresas trasnacionales.
Alfredo Méndez
La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició este miércoles la revisión de diversas contradicciones de tesis entre tribunales colegiados, en un caso en el que los ministros decidirán si es inconstitucional que el Instituto de Fomento Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit) venda a empresas trasnacionales los créditos vencidos de las casas de los trabajadores que cotizan para ese organismo, con el propósito de que sean esas compañías las que sigan cobrando los adeudos y/o tengan legitimación jurídica para iniciar juicios de desahucio, a partir de los cuales puedan quitarle sus propiedades a los deudores.
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El tema a revisión parte de un proyecto de resolución elaborado por el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, quien propuso avalar la venta de cartera vencida de créditos del Infonavit.
Ayer, ante la división de posturas entre los integrantes de la segunda sala que se refirieron al caso en sesión privada, se tuvo que aplazar la resolución hasta la discusión de la próxima semana.
De acuerdo con la diputada federal electa por el Partido del Trabajo (PT) Laura Itzel Castillo, en este litigio está en juego la cesión de alrededor de 56 mil créditos vencidos que el Infonavit le vendió de manera irregular a dos trasnacionales en 2006, a un precio promedio, cada casa, de alrededor de 25 mil pesos.
Una de estas empresas es Scrap II, filial de Citigroup, dirigida por Enrique Colliard. Según Laura Itzel Castillo,este presidente del corporativo pagó con un cheque de mil 175 millones de pesos el mismo día en que se constituyó la empresa. Esta es una irregularidad grande, porque no se está cumpliendo con la subasta ni con la licitación requerida.
Pero lo más importante, agregó, es que la SCJN debe aclarar si es o no constitucional este tipo de transacciones, pues de lo contrario, en el futuro se pueden repetir situaciones como las que están a revisión en la segunda sala.
Castillo representa a decenas de trabajadores afectados por las medidas adoptadas por el Infonavit, muchos de los cuales han obtenido amparos de tribunales inferiores a la Corte, mientras que a otros, en cambio, se les ha negado la protección de la justicia, lo que representa una contradicción de criterios entre tribunales colegiados de circuito, que tendría que aclarar la SCJN.
La Jornada, 20 agosto 2009.
Dinero
Caso Infonavit quema las manos de los ministros.
Quieren despojar de sus casas a millares de familias.
ENRIQUE GALVÁN OCHOA
Una de las herencias del ex presidente Zedillo es el ministro de la Suprema Corte de Justicia Salvador Aguirre Anguiano. Antes fue regidor del ayuntamiento de Guadalajara y candidato derrotado a diputado por el partido al que siempre ha servido, el PAN. Zedillo lo propuso para ocupar un lugar en la Corte en 1995 y su paso por el máximo (a veces se porta como mínimo) tribunal ha dejado una huella negativa. Recientemente se pronunció en contra de que se abriera una investigación en el caso del crimen de la guardería de Hermosillo, aunque perdió, porque la mayoría votó a favor. Ayer adoptó una posición contraria a los intereses de millares de familias cuyos créditos remató Infonavit a dos compañías trasnacionales.
Les quema las manos
La Corte inició el análisis de la venta de más de 56 mil créditos vencidos –trabajadores que no pudieron seguir abonando sus pichonavits– realizada por Infonavit en 2006.
Fueron adquiridos por dos empresas trasnacionales en una operación que despide el inconfundible olor a tráfico de influencias. Infonavit valuó las casas en una parte ínfima de su precio comercial, siguiendo el esquema del Fobaproa, que también remató a agencias de cobranzas decenas de miles de viviendas que quitó a las familias y luego llegaron extrañamente a manos de especuladores e influyentes, como el sonado caso que involucró a los hermanos Bribiesca.
Si iban a rematarlas lo justo hubiera sido que la primera opción la tuvieran los dueños originales, pero eso no hubiera sido negocio. Las trasnacionales son Capmark y Scrap II. “El presidente de esta última es Enrique Colliard, quien fungió años atrás como coordinador general de Recursos Corporativos del Fobaproa”, denuncia el Consejo de Defensa de la Vivienda que encabeza Itzel Castillo.
El asunto de la legalidad de la operación iba a analizarse y resolverse ayer, el ministro Aguirre Anguiano salió en defensa de la administración panista del Infonavit a cargo de Víctor Manuel Borrás Setién, finalmente hubo de aplazarse el fallo.
Los cobradores de las trasnacionales, mientras tanto, hacen víctimas de feroz persecución a las familias endeudadas. Imagínense: sin empleo y, además, en peligro de ser echadas de sus modestas viviendas.
El Periódico, Jueves 20 de agosto de 2009
La Crónica.
Revisa Corte venta de créditos de Infonavit
AGENCIAS | NEGOCIOS
Jueves 20 de Agosto, 2009
La Suprema Corte de Justicia de la Nación inició la revisión y discusión del caso en el que determinará si el Infonavit puede o no vender los créditos vencidos de las casas de los trabajadores a empresas trasnacionales, para que éstas sean quienes se encarguen de seguir cobrándoles o de llevarlos a juicio para quitarles sus propiedades.
Se trata de un tema que de inicio generó división entre los integrantes de la Segunda Sala del máximo tribunal del país, porque el ministro Sergio Aguirre Anguiano propuso avalar la venta de la cartera vencida de créditos del Infonavit y, por lo mismo se tuvo que aplazar para la sesión de la próxima semana.
En este caso no sólo está en juego la venta de alrededor de 56 mil créditos vencidos que el Infonavit le vendió de manera irregular a dos trasnacionales en el 2006, en un precio, cada uno, de alrededor de 25 mil pesos, sino que en el futuro se pueda volver a repetir esta situación, aseguró la diputada federal electa Laura Itzel Castillo, quien representa a decenas de trabajadores afectados por las medidas adoptadas por el Instituto.
Laura Itzel Castillo explicó que las empresas, a las que prácticamente se les vendieron las casas de los trabajadores a un precio 10 veces menor al valor de la propiedad, han recurrido a prácticas de terrorismo extrajudicial para cobrarles a los trabajadores sus viviendas como nuevas, sin importar los pagos que ya habían hecho, o para presionarlos para que las desalojen.
Proyecto de resolución elaborado por el ministro Salvador Aguirre respalda la medida.
Debate la Suprema Corte la constitucionalidad de la venta de créditos de Infonavit a trasnacionales.
Ante la división de criterios se aplaza el fallo para la semana próxima, para concluir la discusión.
Integrantes del Consejo de Defensa de la Vivienda realizaron ayer un mitin afuera de las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contra el intento de declarar legal la venta de créditos vencidos del Infonavit a empresas trasnacionales.
Alfredo Méndez
La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició este miércoles la revisión de diversas contradicciones de tesis entre tribunales colegiados, en un caso en el que los ministros decidirán si es inconstitucional que el Instituto de Fomento Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit) venda a empresas trasnacionales los créditos vencidos de las casas de los trabajadores que cotizan para ese organismo, con el propósito de que sean esas compañías las que sigan cobrando los adeudos y/o tengan legitimación jurídica para iniciar juicios de desahucio, a partir de los cuales puedan quitarle sus propiedades a los deudores.
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El tema a revisión parte de un proyecto de resolución elaborado por el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, quien propuso avalar la venta de cartera vencida de créditos del Infonavit.
Ayer, ante la división de posturas entre los integrantes de la segunda sala que se refirieron al caso en sesión privada, se tuvo que aplazar la resolución hasta la discusión de la próxima semana.
De acuerdo con la diputada federal electa por el Partido del Trabajo (PT) Laura Itzel Castillo, en este litigio está en juego la cesión de alrededor de 56 mil créditos vencidos que el Infonavit le vendió de manera irregular a dos trasnacionales en 2006, a un precio promedio, cada casa, de alrededor de 25 mil pesos.
Una de estas empresas es Scrap II, filial de Citigroup, dirigida por Enrique Colliard. Según Laura Itzel Castillo,este presidente del corporativo pagó con un cheque de mil 175 millones de pesos el mismo día en que se constituyó la empresa. Esta es una irregularidad grande, porque no se está cumpliendo con la subasta ni con la licitación requerida.
Pero lo más importante, agregó, es que la SCJN debe aclarar si es o no constitucional este tipo de transacciones, pues de lo contrario, en el futuro se pueden repetir situaciones como las que están a revisión en la segunda sala.
Castillo representa a decenas de trabajadores afectados por las medidas adoptadas por el Infonavit, muchos de los cuales han obtenido amparos de tribunales inferiores a la Corte, mientras que a otros, en cambio, se les ha negado la protección de la justicia, lo que representa una contradicción de criterios entre tribunales colegiados de circuito, que tendría que aclarar la SCJN.
La Jornada, 20 agosto 2009.
Dinero
Caso Infonavit quema las manos de los ministros.
Quieren despojar de sus casas a millares de familias.
ENRIQUE GALVÁN OCHOA
Una de las herencias del ex presidente Zedillo es el ministro de la Suprema Corte de Justicia Salvador Aguirre Anguiano. Antes fue regidor del ayuntamiento de Guadalajara y candidato derrotado a diputado por el partido al que siempre ha servido, el PAN. Zedillo lo propuso para ocupar un lugar en la Corte en 1995 y su paso por el máximo (a veces se porta como mínimo) tribunal ha dejado una huella negativa. Recientemente se pronunció en contra de que se abriera una investigación en el caso del crimen de la guardería de Hermosillo, aunque perdió, porque la mayoría votó a favor. Ayer adoptó una posición contraria a los intereses de millares de familias cuyos créditos remató Infonavit a dos compañías trasnacionales.
Les quema las manos
La Corte inició el análisis de la venta de más de 56 mil créditos vencidos –trabajadores que no pudieron seguir abonando sus pichonavits– realizada por Infonavit en 2006.
Fueron adquiridos por dos empresas trasnacionales en una operación que despide el inconfundible olor a tráfico de influencias. Infonavit valuó las casas en una parte ínfima de su precio comercial, siguiendo el esquema del Fobaproa, que también remató a agencias de cobranzas decenas de miles de viviendas que quitó a las familias y luego llegaron extrañamente a manos de especuladores e influyentes, como el sonado caso que involucró a los hermanos Bribiesca.
Si iban a rematarlas lo justo hubiera sido que la primera opción la tuvieran los dueños originales, pero eso no hubiera sido negocio. Las trasnacionales son Capmark y Scrap II. “El presidente de esta última es Enrique Colliard, quien fungió años atrás como coordinador general de Recursos Corporativos del Fobaproa”, denuncia el Consejo de Defensa de la Vivienda que encabeza Itzel Castillo.
El asunto de la legalidad de la operación iba a analizarse y resolverse ayer, el ministro Aguirre Anguiano salió en defensa de la administración panista del Infonavit a cargo de Víctor Manuel Borrás Setién, finalmente hubo de aplazarse el fallo.
Los cobradores de las trasnacionales, mientras tanto, hacen víctimas de feroz persecución a las familias endeudadas. Imagínense: sin empleo y, además, en peligro de ser echadas de sus modestas viviendas.
El Periódico, Jueves 20 de agosto de 2009
La Crónica.
Revisa Corte venta de créditos de Infonavit
AGENCIAS | NEGOCIOS
Jueves 20 de Agosto, 2009
La Suprema Corte de Justicia de la Nación inició la revisión y discusión del caso en el que determinará si el Infonavit puede o no vender los créditos vencidos de las casas de los trabajadores a empresas trasnacionales, para que éstas sean quienes se encarguen de seguir cobrándoles o de llevarlos a juicio para quitarles sus propiedades.
Se trata de un tema que de inicio generó división entre los integrantes de la Segunda Sala del máximo tribunal del país, porque el ministro Sergio Aguirre Anguiano propuso avalar la venta de la cartera vencida de créditos del Infonavit y, por lo mismo se tuvo que aplazar para la sesión de la próxima semana.
En este caso no sólo está en juego la venta de alrededor de 56 mil créditos vencidos que el Infonavit le vendió de manera irregular a dos trasnacionales en el 2006, en un precio, cada uno, de alrededor de 25 mil pesos, sino que en el futuro se pueda volver a repetir esta situación, aseguró la diputada federal electa Laura Itzel Castillo, quien representa a decenas de trabajadores afectados por las medidas adoptadas por el Instituto.
Laura Itzel Castillo explicó que las empresas, a las que prácticamente se les vendieron las casas de los trabajadores a un precio 10 veces menor al valor de la propiedad, han recurrido a prácticas de terrorismo extrajudicial para cobrarles a los trabajadores sus viviendas como nuevas, sin importar los pagos que ya habían hecho, o para presionarlos para que las desalojen.
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